Crisis en la Justicia Boliviana: ¿Un nuevo golpe a la institucionalidad?

El panorama judicial en Bolivia atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A la postergación indefinida de las elecciones judiciales se suma la polémica elección de Gonzalo Hurtado como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en medio de acusaciones de parcialidad y maniobras políticas que amenazan con socavar aún más la confianza en las instituciones del país.

El pasado lunes, el magistrado Gonzalo Hurtado fue elegido como nuevo presidente del TCP. Su nombramiento no estuvo exento de controversia, ya que tanto él como sus colegas extendieron su mandato de manera indefinida tras vencerse en enero de 2024, alegando la necesidad de evitar vacíos de poder en las cortes más altas del país.

Hurtado es conocido por firmar decisiones judiciales que han generado fuerte rechazo, como la suspensión parcial de las elecciones judiciales y la transferencia del control del Movimiento al Socialismo (MAS) a un aliado del actual presidente Luis Arce. Estas sentencias, suscritas junto al magistrado René Yván Espada, han sido percibidas como un intento de influir directamente en la política boliviana.

Un Tribunal Constitucional en el ojo del huracán

La llegada de Hurtado a la presidencia del TCP se produjo en una sesión extraordinaria, convocada para resolver un recurso del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que buscaba garantizar las elecciones judiciales integrales. Sin embargo, la mayoría de los magistrados declararon improcedente el recurso y aprovecharon la ausencia del entonces presidente Paúl Franco para destituirlo, alegando faltas injustificadas a varias sesiones consecutivas.

Este cambio de liderazgo consolida el control de un grupo de magistrados que, según la oposición, favorece abiertamente al gobierno de Arce. La designación de Hurtado ha sido calificada como una “afrenta al pueblo boliviano” por figuras como Wilfredo Chávez, abogado de Morales y exprocurador del Estado, quien denunció una persecución política contra el MAS.

El debilitamiento de la institucionalidad judicial

La justicia boliviana enfrenta una profunda crisis institucional. Las elecciones judiciales, diseñadas para elegir a las autoridades de las más altas cortes mediante voto popular, han sido postergadas indefinidamente. Desde su implementación en 2011, este sistema ha sido objeto de críticas por la alta cantidad de votos nulos y blancos, lo que refleja el descontento ciudadano con el proceso de selección.

En 2023, la tercera elección judicial debía realizarse para renovar el Órgano Judicial en enero de 2024. Sin embargo, una serie de recursos legales y cambios en la normativa electoral han retrasado el proceso. Esta demora permitió a los magistrados extender sus mandatos bajo el argumento de evitar vacíos de poder, decisión respaldada por el Gobierno pero cuestionada por su legalidad.

Impacto en la política nacional

La influencia del Poder Judicial en el escenario político boliviano es innegable. Las decisiones del TCP no solo han modificado el panorama interno del MAS, sino que también han limitado las competencias de la Asamblea Legislativa, alterando el equilibrio de poderes. Esta situación ha provocado un fuerte rechazo por parte de distintos sectores políticos y sociales, que ven en estas acciones un intento de consolidar el control del gobierno sobre las instituciones.

El caso de Bolivia pone de manifiesto los riesgos de una justicia politizada. La prolongación del mandato de los magistrados y las decisiones judiciales controvertidas no solo generan desconfianza en la ciudadanía, sino que también profundizan la crisis democrática en un país que ya enfrenta desafíos económicos y sociales significativos.